El Instituto de Ciencias del Seguro de Fundación Mapfre ha publicado el
estudio 'La Prevención del Blanqueo de Capitales en las Entidades
Aseguradoras, las Gestoras y los Corredores de Seguros', cuyo autor es Jaime
Gómez-Ferrer Rincón, inspector de Seguros del Estado. La obra analiza la Ley
10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y ayuda a
comprender los diferentes cambios legislativos abordados en esta materia;
también profundiza en las obligaciones que en materia de prevención de
blanqueo de capital y lucha contra la financiación del terrorismo tienen las
aseguradoras, las gestoras de fondos de pensiones y las corredurías de
seguros.
“El informe –detalla la Fundación- estudia el riesgo operacional, legal,
reputacional y de suscripción que tiene la función preventiva en estos tres
agentes económicos. Además, analiza las particularidades de cada uno de
estos sujetos en el cumplimiento de la ley, la imputación de
responsabilidades y la supervisión en las obligaciones derivadas de esta
norma”.
Presentó el libro Filomeno Mira, vicepresidente de Fundación Mapfre, con la
participación de Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, y José Mª
Campabadal, presidente del Consejo General del Colegio de Mediadores de
Seguros. González de Frutos agradeció al autor la rapidez en contar con un
análisis, desde el enfoque asegurador, de la Ley recientemente publicada.
Además de ser un sujeto obligado por la Ley, el sector asegurador es una
industria comprometida, aunque también constató que, según el SEPBLANC
(Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales), sólo un 0,5% de los
asuntos que investiga este ente tiene su origen en alertas y sospechas
emitidas por las entidades aseguradoras. Subrayó, por último, que hay
mejoras en esta nueva ley, pero también un aumento de las cargas
administrativas que se espera se suavicen con el futuro desarrollo
reglamentario.
Por su parte, Campabadal, otro de los prologuistas de la obra, alabó al
autor por su valentía y eficacia la escribir este libro que redunda en
beneficio del sector y de la sociedad en general. Destacó que el corredor
tiene muchas cargas administrativas y el aplicar esta ley es complicado; en
este sentido, recordó que el Consejo General ha habilitado un servicio para
asesorar a sus colegiados sobre esta materia, al que ya se han acogido
aproximadamente 1.500 corredores.
Finalmente, Gómez-Ferrer se refirió la generalidad de la norma y su conexión
con otras leyes, como la de economía sostenible, siendo una norma ideal,
pero algo alejada de la realidad del mercado. Confía en que algunos
requerimientos se suavicen con el desarrollo reglamentario. Según el autor,
España todavía necesita madurar en cumplimientos normativos internos y
externos y aún existen sujetos obligados sin darse de alta; pero a
diferencia de la legislación anterior, ahora existe un régimen sancionador.
En su alocución, se refirió finalmente a los criterios de imputación de la
responsabilidad de las compañías, gestoras y corredores, y consideró
complicado delimitarlos en la contratación a distancia o en venta de
paquetes financieros.