La 'partida' entre AMA y Seguros, en tablas de momento

• El Juzgado de Instrucción 51 archiva las querellas contra Lozano
• Las resoluciones judiciales parecen contradictorias y apenas aclaran el fondo del problema

La pelea que desde hace unos años viene mantenido la Asociación Mutual Aseguradora (AMA), con su presidente a la cabeza, contra la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), mejor dicho, con el director general, Ricardo Lozano, parece que se ha resuelto en tablas. Esa es al menos la impresión que da por el momento, después de conocer los distintos dictámenes judiciales que se han emitido al respecto. La batalla se remonta al verano de 2008, con un expediente abierto contra los directivos de la mutua por supuestas irregularidades en su gestión, por lo que la DGSFP prohibió a la aseguradora realizar sus operaciones sin autorización previa y abrió un proceso sancionador contra el presidente de AMA Diego Murillo, y dos secretarios de la mutua, Manuel Campos y Manuel Sánchez a los que se inhabilitó y se les suspensión de sus cargos. Pero los últimos acontecimientos han tenido lugar este verano.

La resolución Sección Sexta de la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó una resolución el pasado mes de junio por la que obligaba a Seguros a rehabilitar a los directivos de la aseguradora que habían sido apartados de su cargo anteriormente por el organismo de control de los seguros. Ahora es el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid quien ha archivado las tres querellas interpuestas por esos mismos directivos de AMA contras Ricardo Lozano, como había solicitado la Abogacía del Estado, que ha actuado en todo este caso como defensor del director general de Seguros.

Así que tenemos que, por una parte, la Audiencia Nacional acepta las tesis de AMA y en el mes de junio se desdice y revoca un anterior auto suyo de 13 de noviembre de 2009 -en el que había mantenido la inhabilitación temporal de los directivos de la aseguradora-. Y justifica esa decisión en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del pasado 22 de abril, que anuló las medidas de control especial dictadas por la DGSFP contra la mutua.

En esa sentencia, el Tribunal Superior consideró que no se había puesto en peligro en ningún momento la solvencia de la mutua, ni que tampoco se puso en peligro los intereses de los asegurados de AMA en los términos que mantenía Seguros. Además consideró que los hechos por los que Seguros había adoptado las medidas de control especial resultan unos "bastante irrelevantes y sin incidencia en el volumen de negocio de AMA", otros "erróneamente interpretados por la Administración" y el resto "opinables y susceptibles de interpretación", con lo que dejaba a los pies de los caballos la actuación de la Inspección de Seguros y de la propia Dirección General.

Además, la sentencia del TSJM contempla la posibilidad de que la Mutua reclame el resarcimiento por los perjuicios ocasionados por la actuación administrativa anulada, de acuerdo al correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Ante esta situación, Seguros no tuvo más remedio que dar su brazo a torcer y rehabilitar a los directivos sancionados, cosa que se produjo a bombo y platillo el pasado 30 de junio con motivo de la asamblea general de mutualistas de Asociación Mutual Aseguradora, en la que Diego Murillo se dio un baño de multitudes y fue repuesto en su cargo con todos los honores.

ESTUDIO SOBRE DAÑOS

En dicha asamblea se anunció a bombo y platillo que la entidad había encargado un estudio de los daños ocasionados por la sanción de Seguros con la intención de reclamar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, tal como posibilitaba la sentencia del TSJM.

Pero todavía quedaban por resolver tres querellas presentadas por AMA contra el director general de Seguros en las que se le acusa de prevaricación y calumnias. En la última de ellas, Diego Murillo y los otros dos consejeros sancionados acusan a Ricardo Lozano de vulnerar lo dispuesto en el artículo 441 del Código Penal, al tener en su domicilio particular la sede de una empresa, denominada Versus AIF, que apodera su mujer, y que desde hace ocho años se dedica a realizar de trabajos y gestiones administrativas en régimen de apoyo a empresas, a la vez que comercializa sistemas informáticos para cálculos actuariales del sector del seguro, actividades expresamente prohibidas para funcionarios según el citado artículo.

Y esas tres querellas son las que precisamente ha decidido archivar el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, como había solicitado la Abogacía del Estado, con lo que se entiende o se puede suponer que Ricardo Lozano es totalmente inocente de las acusaciones que se le hicieron.

Ya tenemos otra vez el lío armado. Si Seguros se pasó en la sanción a AMA y la aseguradora puede reclamar daños y perjuicios y además Lozano es inocente de lo que se le acusaba, ¿por qué ha tenido lugar toda esta guerra? ¿Quién es el culpable? Ha habido unos perjuicios económicos y alguien tendrá que pagarlos, ¿no hay nadie a quien pedir responsabilidades? ...¿Se pasó la DGSFP cuando inspeccionó a AMA? ¿Realmente Lozano persiguió a los directivos de la aseguradora? ¿Contraatacó ésta con denuncias falsas o infundadas?

Pese a este empate técnico momentáneo, la cosa está más complicada cada vez o, mejor dicho, surgen más dudas, porque lo lógico es que la razón no la tengan las dos partes al mismo tiempo, aunque sí es posible que ambas partes tengan parte de razón, aunque en este caso sea especialmente difícil de entender.

Fue un alcalde de Jerez quien dijo hace muchos años que la justicia era un cachondeo. Yo no me atrevo a tanto, pero si afirmo es que en muchas ocasiones las decisiones de la justicia parecen contradictorias y difíciles de entender.