La acción consiste en reclamar judicialmente a los administradores los daños directos causados por sus decisiones en el patrimonio social de una compañía, por lo que va acompañada de una solicitud de indemnización por daños. “Hay que ver si se quieren depurar las posibles responsabilidades de los entonces consejeros, que aprobaron arriesgadas operaciones inmobiliarias que comprometieron la situación económica de la mutua”, se afirmo desde la aseguradora.