Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid e Inspectora de Seguros del Estado, Blázquez ha desempeñado su actividad profesional en la Subdirección General de Inspección, ocupando los puestos de coordinadora de Entidades de No Vida, coordinadora de Grupos Internacionales. Actualmente era responsable de la Unidad de Solvencia.
Pablo Muelas analiza al detalle los proyectos normativos en curso
Por otro lado, Pablo Muelas, subdirector general de Seguros y Política Legislativa, explicó ayer martes en el marco de la sesión ‘Desayuna con Inade’ los diferentes proyectos normativos en los que está trabajando su Departamento. Tras la apertura del acto por parte del presidente del patronato de Fundación Inade, Valentín Lorenzo Fernández, Muelas comenzó su presentación repasando la actividad normativa de la actual legislatura, recordando que en su mayoría ha estado encaminada a frenar el impacto del incremento de los tipos de interés en las cuentas de las entidades aseguradoras. También destacó la importancia de la entrada en vigor de la Orden por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la DGSFP, que busca mejorar la eficacia del funcionamiento de los servicios de reclamaciones y fomentar la aplicación efectiva de la normativa de protección del usuario de servicios financieros y las buenas prácticas en el sector financiero.
Ya centrado en el paquete de proyectos en proceso de aprobación, comentó que durante el presente año se irá integrando en el Derecho español la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea conocida como ‘Test-Achat’, y anunció que se incorporará el recargo obligatorio a favor Consorcio de Compensación de Seguros para la Responsabilidad Civil de vehículos terrestres en acontecimientos extraordinarios, ampliando la cobertura (no solo a los que tengan seguros de Daños); consecuentemente, se aplicará el recargo en las primas de seguros de este ramo.
Otro proyecto en el que se trabaja permitirá que las entidades aseguradoras españolas puedan operar con agencias de suscripción, evitando así la discriminación a la que se veían sometidas frente a entidades de las de otros estados miembro que sí pueden distribuir seguros a través de agencias de suscripción. Y en cuanto a la normativa relativa a los planes de pensiones, se dará cabida -con carácter excepcional- a un nuevo caso de liquidez de los derechos consolidados en caso de ejecución de la vivienda habitual. Esta medida, explicó Muelas, tendría carácter temporal (dos años) y vendría justificada por la actual situación de crisis económica; estaría sometida a determinados requisitos como que el partícipe no poseyera además otros bienes valorables, que el importe de los derechos consolidados fuera suficiente para paralizar la ejecución y que se satisfaga el importe en los siete días siguientes a la presentación de la reclamación. Estas medidas serían asimilables en PPA.
Sobre la supresión de la presentación de la Documentación Estadístico-Contable (DEC) semestral de los mediadores, indicó que se pretende regular en el corto plazo, cumpliendo el compromiso de la DGSFP sobre la reducción de cargas administrativas, ya que se considera que la DEC anual facilita suficiente información al órgano supervisor.
En cuanto a la valoración de los bienes inmuebles de las entidades aseguradoras cada dos años como máximo, Muelas apuntó que esta norma buscar rebajar el anterior plazo (tres años), sin perjuicio de facultar a la DGSFP para que esta reclame puntualmente mayor frecuencia en dicha valoración. La norma está encaminada a evitar que el valor razonable de los inmuebles quede desactualizado y exponer la situación patrimonial de la entidad a un riesgo adicional.
Otro de los proyectos considerados urgentes por el órgano de supervisión es el relacionado con el arbitrio de bomberos. Se regulará la obligación de que todas las entidades aseguradoras que operan en el mercado tengan la obligación de facilitar al Consorcio de Compensación de Seguros datos sobre su facturación en primas del ramo de Incendios y de la mitad de los ramos de Multirriesgos, diferenciándolas por el término municipal en el que esté situado el riesgo. El Consorcio transferirá la información a la Federación Española de Municipios y Provincias para que ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y la gestora de conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios puedan recabar tributos y satisfacer determinados gastos derivados de las labores de extinción de incendios.
Normativa no urgente
En cuanto a los proyectos de carácter no urgente, Muelas se refirió a la reforma de la Ley de Protección de Datos (contemplando la cesión de datos sin consentimiento solo para poder cumplir el contrato de seguro o reaseguro), la modificación de la regulación de los convenios entre entidades aseguradoras de Asistencia Sanitaria para lesionados de tráfico, y la mejora de la lucha contra el fraude (la DGSFP requerirá a las aseguradoras medidas para impedir, prevenir, detectar, informar y remediar el fraude en seguros).
Asimismo, confirmó que se ha retomado el Anteproyecto de la Ley de Supervisión de los Seguros Privados, y que figura en la agenda del Departamento la modificación de la actual Ley de Contrato de Seguros. “La ley del año 80 es buena, ha dado pocos problemas aunque sí se hace necesaria una reforma quirúrgica”, indicó Muelas, según la información facilitada desde Fundación Inade. A este respecto, se planteará incluir la regulación de nuevas figuras como Decesos o Dependencia, la adaptación a la normativa europea sobre protección del consumidor, reforzar el deber de información contractual (al igual que ya se regula en la Directiva de los PRIPs), y recoger criterios jurisprudenciales y doctrinales, así como incorporar los criterios del servicio de reclamaciones de la DGSFP.
Además, se pretende la actualización de la cobertura de cantidades a cuenta para la compra de vivienda, sistematizando el seguro como forma de garantía de cumplimiento del compromiso asumido, o de la devolución de las cantidades anticipadas. Indicó que el promotor de la vivienda tendrá la obligación de garantizar las cantidades (a través de seguro de Caución o de aval bancario), en pólizas individuales en las que quede debidamente identificado el tomador (promotor), y el asegurado (cada comprador, individualmente), identificando además la vivienda objeto de seguro. Se modificarán además las obligaciones de información al interesado y se formalizará la obligación de ingresar las cantidades anticipadas en cuenta independiente.
Reforma del Baremo de Autos
Respecto a la modificación del Baremo de Autos, recordó que la intención es dar un trato más justo a los grandes lesionados y que sean más proporcionadas las indemnizaciones a los menores. La ampliación del plazo para la presentación del informe por el que comenzarán los trabajos de reforma legislativa (hasta el 31 de julio), se debe a la reciente incorporación a la Comisión de Expertos de un representante de la Dirección General de Política Económica, un experto jurídico y un actuario, para realizar la evaluación macroeconómica de la posible modificación.
Muelas reconoció que en el entorno económico actual “no se deben inflar las cuantías de todas las indemnizaciones”. Señaló que de las cuatro partes de las que constaría la reforma (criterios generales para la determinación de la responsabilidad y la indemnización, indemnizaciones por causa de muerte, indemnizaciones por secuelas e indemnizaciones por lesiones temporales) ya estarían prácticamente debatidas las tres primeras.
Al término de la exposición del invitado, José Antonio Pérez Crujeiras, vocal del patronato de Fundación Inade, dio paso a las preguntas con las que concluyó la sesión. Miguel Ángel Aguarón Sancho, director Territorial de la Zona Noroeste de DKV SEGUROS, clausuró el acto en nombre de los socios colaboradores de la fundación.